“En nuestra historia republicana nunca habíamos observado un despliegue terrorista en contra del pueblo como el que se está viviendo hoy día”. Así lo afirmó el procurador general del estado Mérida, Juan Luis Suárez, con relación al ataque con granadas ocurrido este martes en las sedes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpppijp), donde se celebraba un agasajo para los comunicadores, a propósito del Día Nacional del Periodista.

Las declaraciones fueron emitidas durante el programa “En Contacto Con Alexis”, conducido por el secretario general de Gobierno, Gerardo Molina, y transmitido todos los jueves por CNB Merideña 95.3 FM, en el que Suárez asistió como invitado y donde además señaló que el hecho fue tristemente silenciado por los actores de los partidos políticos de la derecha que adversan el Gobierno revolucionario.

Destacó que hace dos días en la capital de la República: “Un helicóptero, que fue hurtado por un sujeto terrorista, un desertor del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), arremetió con armas de guerra  (granadas y ametralladoras) contra instituciones públicas”.

En razón de ello: “Nosotros condenamos abiertamente este tipo de actos. Nuestra legislación prevé este tipo de acciones como actos de terrorismos, no debemos llamarlos de otra manera. Esto no es ninguna protesta de personas que adversan una posición de Gobierno, son, simplemente, actos terroristas que son condenados por nuestras leyes”, enfatizó.

En ese sentido, Suárez manifestó su apoyo y acompañamiento al presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno, y a todos los magistrados del Poder Judicial a nivel nacional, quienes tienen la facultad, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de resguardar la integridad de la institucionalidad, cosa que, según él, se ha hecho hasta la fecha de manera valiente, transparente y digna.

La historia se repite

Por otra parte, el procurador comparó estos hechos con los casos de narco-paramilitarismo ocurridos en Colombia durante las décadas de los 80 y 90: “Pudiéramos hacer una analogía de la metodología que se aplicó en el vecino país en la oportunidad en que el narcotraficante Pablo Escobar iba a ser extraditado a Estados Unidos y un tanque de guerra asaltó la Corte Suprema de Justicia de Colombia y asesinó, en un acto manifiesto de terrorismo, a los magistrados que estaban dictando la sentencia para la extradición de este sujeto”.

Para finalizar, Suárez exhortó a la Fiscalía del Ministerio Público a que cumpla su rol constitucional y legal para que se puedan determinar las responsabilidades a las que haya lugar, ya que la omisión por parte de estas instituciones, de los actores políticos y de las empresas privadas de comunicación, será susceptible de responsabilidad, porque se están violando los derechos fundamentales imprescriptibles en el tiempo.

#MéridaActivaConLaConstituyente

Prensa Gabinete de Seguridad y Paz /Mérida-Venezuela