El procurador del estado Mérida, Juan Luis Suárez, expresó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó una sentencia justa contra el alcalde del municipio Libertador, Carlos García, y afirmó que el sistema de justicia profirió la destitución del burgomaestre con una pena de quince meses de prisión en el Sebin y su inhabilitación política.

Aseguró además que la decisión viene de una acción interpuesta por los ciudadanos merideños, quienes denunciaron “la violación de derechos colectivos” en un amparo cautelar en el que se obligó al burgomaestre a cumplir con sus funciones constitucionales: “Entiéndase que el mandato cautelar tiene más de tres meses”, agregó, al tiempo que destacó que el personal de la Alcaldía de Libertador a propósito desacató sus funciones de velar por los derechos colectivos de los merideños:

“Durante más de cien días se ha vivido momentos de terrorismo, muertes, lesiones, violación al libre tránsito, violación al derecho de la salud, al derecho de la educación y no cumplió (Alcaldía) con su trabajo. El señor alcalde cesó de sus funciones, se ha librado una orden de aprehensión y alerta roja en su contra”, explicó Suarez.

El exalcalde no puede solicitar asilo político

El procurador consideró que García no puede solicitar asilo porque, a su juicio, esa figura se aplica en situaciones políticas en tanto que la acusación en su contra es porque no cumplió con sus deberes: “La figura del asilo entiendo que no aplica en razón de que no existe ninguna circunstancia de orden político que le haya condicionado la situación de la investigación durante el proceso judicial que se le llevó a cabo al ciudadano Carlos García”.

Prensa Gabinete de Seguridad y Paz /Mérida-Venezuela