Con 61 votos a favor, 20 en contra y cero abstenciones, el Senado de Brasil consumó el golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff, al destituirla de su cargo como mandataria, electa por más de 54 millones de votos en 2014.

La votación final sobre el juicio político fue separada en dos rondas, una para decidir sobre la destitución de la mandataria, y otra sobre la inhabilitación política por un lapso de ocho años.

En una primera votación, el pleno del Senado decidió destituir a Rousseff y prosigue la votación sobre la prohibición de ejercer cargos públicos en los próximo años.

A la Presidenta se le acusaba de emitir créditos sin la autorización del Congreso y de retrasar el pago a bancos públicos del país para financiar programas sociales, acciones que no constituyen un crimen de responsabilidad establecido en la Constitución como móvil para la destitución de un Mandatario.

Los argumentos de acusación contra la Presidenta obviaron el informe de auditoría presentado por técnicos del Senado, que indicaban que las denuncias contra Rousseff no tenían bases, y que no constituían un crimen de responsabilidad.

Entre tanto, el presidente interino, Michel Temer, permanecerá a la cabeza de mando del gigante suramericano hasta finales de 2018, pese a la enorme aura de antipopularidad que le rodea por la implementación (en el poco tiempo que lleva en el poder) de políticas económicas profundamente marcadas por recortes presupuestarios y privatizaciones de servicios y beneficios para el ciudadano común.

Movimientos sociales y políticos, activistas y sectores de la sociedad civil acusan al líder del centrista Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de golpista. Pero Temer también es señalado de retrógrado, esto por echar marcha atrás en las reivindicaciones sociales alcanzadas por los más desfavorecidos, políticas que habían refrendado los líderes del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff.

T/TeleSUR/AVN