Los señalamientos que realizan los voceros de la oposición política venezolana, agrupados en la moribunda MUD, acusando al gobierno nacional de impedir la realización de elecciones, carecen de fundamentos políticos y jurídicos, ya que precisamente son ellos quienes han hecho todo lo posible, para alterar el normal desenvolvimiento de la actividad política nacional, y con ello la realización de las distintas elecciones previstas en el calendario electoral.

Al acusar al gobierno nacional y al PSUV de esta situación, los voceros de la oposición pretenden ocultar ante sus menguados seguidores y sus financistas externos, los graves errores y desatinos políticos cometidos, que los han llevado a perder la confianza de la población, que bajo la manipulación y el engaño, les dio un apoyo mayoritario en la elecciones a la Asamblea Nacional, realizadas en diciembre de 2.105.

Los voceros opositores, ungidos con la investidura de diputados, traicionaron la confianza popular, que los eligió para que contribuyeran a la solución de los problemas que aquejan a los venezolanos; pero ellos por sobre la agenda económica y social, le dieron prioridad a la agenda política de sus líderes, y pretendieron por vías violentas y extraconstitucionales derrocar al Presidente Nicolás Maduro, llegando incluso a cometer el mayor fraude electoral que se halla conocido en toda la historia patria, en la fallida convocatoria al referéndum revocatorio.

Las graves disputas por el liderazgo opositor, están determinadas por las ambiciones de poder de cada jefe de partido o grupo que integra la MUD, y por el interés de manejar las millonarias contribuciones en dólares, que desde el exterior recibe la oposición; esto ha conllevado a que en ese afán hallan descuidado actos tan importantes como el de renovar su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, lo que determina la imposibilidad de poder participar en las elecciones que ellos están solicitando se realice. Apenas la casi extinguida MUD, está legalmente habilitada como partido político, pero sobre ella pesa una investigación por fraude que la puede llevar a su inhabilitación.

Por otra parte para que unas elecciones se realicen no basta con que el ente comicial determine una fecha y establezca un cronograma, la constitución nacional indica que para que se cumpla lo señalado en su artículo 70, que establece el ejercicio de la soberanía popular a través del voto, se debe cumplir el artículo 68 del mismo texto que establece como “obligación del Estado, y deber de los ciudadanos”,  garantizar  las condiciones más favorables para su realización.

Y es en este aspecto donde la oposición política venezolana más ha hecho para impedir la realización de las elecciones, pues además de no actualizar su registro electoral, y cometer fraude, han perpetrado de manera reiterada y contumaz diversas acciones que no garantizan la generación de esas condiciones más favorables: utilización de la violencia y el terrorismo como medios para lograr objetivos políticos, alianza con  y defensa de los sectores económicos nacionales y extranjeros que desarrollan la guerra económica contra el pueblo, desconocimiento y desacato de las decisiones de los poderes públicos, irrespeto a las dignidades del estado, solicitud de intervención de gobiernos extranjeros y organismos internacionales en asuntos políticos propios de los venezolanos, son entre otras las acciones políticas que ponen en duda el carácter democrático de la oposición venezolana y obligan a los entes del estado a estar muy vigilantes de su actuación.

Ante tal escenario se hace necesario y urgente que los sectores democráticos que aún existen en la oposición venezolana asuman con valentía sus liderazgos y responsabilidades en el seno de la MUD, y puedan aislar a los sectores fascistas y violentos, y en el marco de la constitución asuman sinceramente la vía electoral como la forma correcta y civilizada para que el pueblo exprese su opinión sobre el destino del país, y para ello deben reconocer la Mesa de Dialogo, con acompañamiento internacional, como el escenario ideal para establecer los acuerdos que faciliten encauzar la acción política por la vía electoral y constitucional, no hacerlo sería ponerse de espaldas al clamor del pueblo que quiere paz y tranquilidad, que exige el cese de las guarimbas y la guerra económica.

Los revolucionarios apoyamos firmemente las iniciativas que el Presidente Nicolás Maduro ha adelantado al respecto, y estamos preparados para asumir los escenarios electorales que se presente, y garantizar de esta manera el ejercicio pleno de la democracia participativa y protagónica, legado que nos dejó el Comandante Chávez, en la constitución bolivariana.