A propósito de los hechos vandálicos perpetrados en el estado Mérida a raíz de las protestas convocadas por la oposición, las autoridades regionales manifestaron que los civiles incursos en delitos militares serán juzgados por cortes marciales, tal como lo establece la ley de la República Bolivariana de Venezuela.

Al respecto, el jefe del Gabinete de Seguridad y Paz, coronel Óscar Aponte Landaeta, informó que existen normas de estricto cumplimiento expuestas en el Código Orgánico de Justicia Militar vigente, que señalan los delitos militares y las personas naturales que pudieran estar incursas.

“Los delitos militares pueden ser perpetrados por militares o por civiles de forma separada o conjunta, los delitos militares cometidos por civiles son enjuiciados por jurisdicciones militares, pues tienen competencia para ello”, expresó.

En este sentido, hay ciudadanos acusados por los cargos de ultraje al centinela, violación de comando, ataque a los bienes propiedad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y, a su vez, personas involucradas en delitos de homicidio. En este caso se presenta un conflicto de competencia y al delito de mayor pena se declina la jurisdicción, no siempre al enjuiciar por un delito militar corresponden los tribunales militares, ya que puede ser requerido por un tribunal civil y el imputado debe ponerse a la orden de este último, explicó el también abogado.

Igualmente, el coronel comentó que los militares que cometen delitos de naturaleza civil tales como homicidio, hurto o robo son enjuiciados por tribunales civiles sin contratiempo, pues así lo establece la ley.

Del mismo modo, desmintió que en Venezuela se está militarizando la protesta: “Hemos visto que algunos burócratas, tecnócratas de la norma, dicen que en el país se están militarizando las protestas. Eso es totalmente falso, garantizamos el derecho a la libre protesta, a la protesta pacífica y sin armas”, añadió.

Sin embargo, consideró que no se puede violar el derecho al libre tránsito, a la salud, a la educación ni al trabajo, ya que están consagrados en la Carta Magna, y a su juicio los derechos humanos son interdependientes.

“Cuando se viola un derecho humano se violan todos los demás. Afortunadamente el Tribunal Supremo de Justicia decretó una medida de amparo para garantizarlos”, finalizó Aponte Landaeta.

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Prensa Gabinete de Seguridad y Paz /Mérida-Venezuela